El Gobierno destituye a Trapero y la Fiscalía quiere detener a Puigdemont y al resto del Govern

El cese de Trapero lleva la firma del ministro Juan Ignacio Zoido, mientra la Fiscalía ya tiene preparadas las querellas contra los miembros del Govern catalán.

A través de una orden del Ministerio del Interior, el BOE (Boletín Oficial del Estado) ha publicado este sábado de madrugada el cese del jefe policial de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

La destitución de Trapero lleva la firma del ministro Juan Ignacio Zoido, quien asumió las competencias de la consejería catalana de Interior, tras la aplicación de las medidas aprobadas por el Senado al amparo del artículo 155 de la Constitución.

La destitución de Trapero se suma al cese del director general de la policía catalana, Pere Soler, y del secretario general del departamento de Interior, César Puig.

En el caso de Soler, este ya asumió su cese poco después de que Mariano Rajoy lo comunicara tras finalizar el Consejo de Ministros de ayer viernes. Josep Lluís Trapero continua siendo investigado por la Audiencia Nacional por un delito de sedición, tras los sucesos ocurridos el pasado 20 de septiembre.

La presencia en esa fecha de miles de personas delante del Departamento de Economía de la Generalitat (Barcelona), protestando por la detención de los organizadores del referéndum ilegal, Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium), derivó en altercados que perjudicaron la labor de la Guardia Civil y de la secretaria judicial que tuvo que huir por la azotea.

Por otro lado la Fiscalía General del Estado ya tiene preparadas las querellas contra Carles Puigdemont, Oriol Junquera, los doce consellers y los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que participaron en la preparación y el apoyo del golpe. Tras la publicación de las destituciones en el BOE al amparo del artículo 155, la Fiscalía no quiere dejar pasar el tiempo y pretende dar un nuevo paso para poder detenerlos. El cuerpo  destinado a realizar esas detenciones sería el de los Mossos, pero en caso de que se nieguen o no contasen con la diligencia debida, correspondería a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.

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La Fiscalía argumenta que cualquiera de los delitos a los que están expuestos, rebelión, sedición e incluso malversación, estarían penalizados con la cárcel. Teniendo en cuenta que estos cargos están destituidos desde que se publicó el BOE, entra dentro de las posibilidades solicitar una medida cautelar de detención y privación de libertad, ya que podrían obstaculizar la labor de la Justicia, eliminar pruebas y seguir cometiendo más delitos.

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