Carles Puigdemont se enfrenta a una euroorden de detención tras no acudir a declarar

El expresident de la Generalitat estaba citado para hoy y mañana ante la Audiencia Nacional.

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los consellers Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Toni Comín y Clara Ponsatí, que se encuentran ahora mismo en Bélgica, no han asistido hoy a la citación para declarar ante la Audiencia Nacional ni tampoco lo harán mañana. Con esa decisión, los cinco se enfrentaran a una euroorden de detención. La decisión de no asistir fue ratificada en la jornada de ayer en un comunicado emitido por “el Govern legítimo de la Generalitat”, en el que se explicaba como afrontarían las citaciones de la justicia.

Una de las opciones que se barajaba era realizar esa comparecencia ante la justicia a través de la videoconferencia, algo que según declaraba el abogado belga Paul Bekaert a la agencia Associated Pres, “es posible”. En el caso de que esa opción sea rechazada por la Audiencia Nacional, la decisión quedaría en manos de la juez que lleva el caso, Carmen Lamela, que podría emitir las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE), y de ser aprobadas por la magistrada las autoridades belgas tendrían que proceder al arresto de Puigdemont y sus consellers.

Carles Puigdemont se enfrenta a una euroorden de detención tras no acudir a declarar

Estas euroórdenes sustituyen al procedimiento de extradición entre los estados miembros de la Unión Europea (UE), con un sistema más rápido de entrega que se aplica en España desde el año 2004. En este caso concreto, la Audiencia Nacional solicitaría a la justicia belga la extradición de Carles Puigdemont y el resto de exconsellers para que sean juzgados en España. Una vez que estén detenidos, será la justicia belga la que decida si hay motivos para la extradición dictando sentencia dentro de unos plazos muy estrictos.

El abogado Paul Bekaert explicó a la cadena de televisión VRT, que gran parte de su estrategia será “impugnar cualquier posible petición de extradición”, y que en este caso la normativa establece que se debería tomar una decisión en un plazo máximo de 60 días, aumentando en 30 días más en casos excepcionales.

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