El Tribunal Supremo imputa a Marta Rovira, Mireia Boya, Anna Gabriel y Artur Mas en la causa por rebelión

El delito de rebelión podría conllevar entre 15 y 25 años de prisión para todos los imputados.

Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, ha imputado en la mañana de hoy viernes al ex-presidente de la Generalitat Artur Mas y a la número dos de ERC, Marta Rovira, entre otros, a la causa por rebelión por la que estaban siendo investigados, al “modificar la Constitución o declarar la independencia en parte del territorio nacional”. La causa por la que se les imputa supone que:

“Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de esta, serán castigados con la pena de prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo”.

Por el momento el juez les comunicará durante la jornada de hoy su condición de ser investigados, dejando la fecha de citación para más adelante. El informe sobre el proceso independentista de la Guardia Civil, entregado ayer jueves al juez Llarena, afirma que los integrantes del Comité Estratégico controlaron la implementación de “sus planes para la creación de un estado soberano y movilizaron los recursos humanos y materiales para ello”.

Tribunal Supremo imputa a Marta Rovira, Mireia Boya, Anna Gabriel y Artur Mas en la causa por rebelión

Una veintena de dirigentes independentistas, entre los que se encuentran el el ex-presidente Carles Puigdemont, el ex-vicepresidente Oriol Junqueras, los Jordis y la presidenta del Parlament Carme Forcadell, formaban parte del Comité Estratégico del procés. Los nuevos investigados añadidos a esa lista son, la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, la diputada de la CUP Mireia Boya, su portavoz, Anna Gabriel, y la presidente de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), Neus Lloveras.

Los agentes destacan que la celebración del 9-N bajo el mandato de Artur Mas supuso que los independentistas “suscribieran una hoja de ruta unitaria cuyo objetivo era alcanzar la independencia sin supeditar sus decisiones al Estado español y sus instituciones”.

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